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CDE presentó acusación contra Cathy Barriga y solicitó más años de cárcel que el Ministerio Público

CDE presentó acusación contra Cathy Barriga y solicitó más años de cárcel que el Ministerio Público
Agencia UNO
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El Consejo de Defensa del Estado presentó una acusación contra la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, solicitando 37 años de prisión, una pena más severa que la pedida por el Ministerio Público. La acusación se centra en la gestión financiera de Barriga, acusándola de delitos como fraude, falsificación de documentos y uso irregular de recursos municipales. Se detalla que Barriga y exfuncionarios lideraron una estructura para evadir controles, generando un perjuicio fiscal de $32.884 millones mediante gastos sin respaldo presupuestario.
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Este artículo describe un proceso judicial en curso

Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra. (Artículo 04 del Código Procesal Penal)

Este domingo, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una acusación ante el 9° Juzgado de Garantía de Santiago contra la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, solicitando penas que suman un total de 37 años de prisión.

El documento revela que el CDE pide una condena más severa que la que había solicitado previamente el Ministerio Público, que a fines del año pasado había solicitado 23 años de cárcel.

El foco de la acusación recae sobre la administración financiera de Barriga durante su mandato, en particular sobre los recursos municipales que estuvieron fuera de control bajo su gestión.

Se detallan varios delitos vinculados a actos de corrupción, como fraude a gran escala, falsificación de instrumentos públicos y el uso irregular de recursos municipales, consignó La Tercera.

De acuerdo con la acusación, Barriga, junto con otros exfuncionarios de la municipalidad, habría liderado una estructura administrativa diseñada para burlar los controles financieros internos del municipio, lo que permitió la ejecución de gastos sin respaldo presupuestario.

El CDE sostiene que estos delitos no fueron actos aislados, sino parte de “una política sistemática de gobernanza municipal fraudulenta”.

Su objetivo era liberar recursos de manera artificial para financiar programas, eventos y contrataciones sin contar con la debida autorización o financiamiento real.

El perjuicio fiscal, según el CDE, ascendería a un total de $32.884 millones, derivados de la sobre ejecución del gasto, el ocultamiento de obligaciones financieras, la eliminación de deudas en la contabilidad oficial y el uso irregular de certificados de disponibilidad presupuestaria.