En medio del complejo escenario que enfrentan las regiones de Ñuble y el Bío Bío a raíz de los incendios forestales, la contralora general de la República, Dorothy Pérez, encendió las alertas al advertir que el financiamiento de estas emergencias podría impactar directamente en los recursos destinados al reajuste del sector público.
La advertencia se dio en la antesala de la votación de la Ley de Reajuste al Sector Público, fijada para las 15:00 horas en la Comisión de Hacienda del Senado.
En ese contexto, la contralora planteó que las provisiones presupuestarias que se han considerado para respaldar dicho reajuste podrían terminar siendo utilizadas para enfrentar la magnitud de la emergencia que vive el sur del país.
Advirtió que esperado reajuste está en jaque
Según explicó Pérez, las líneas presupuestarias destinadas habitualmente a emergencias no son exclusivas para cubrir el reajuste salarial del sector público.
Por el contrario, cumplen múltiples finalidades y, dadas las circunstancias actuales, es altamente probable que deban destinarse mayoritariamente a atender los efectos de los incendios.
“Quisiera hacer presente que estas provisiones no son exclusivas para gastos de la ley de reajuste, de modo que efectivamente, en estas líneas, podría uno obtener recursos, pero estos recursos también tienen otras finalidades”, señaló la contralora.
En esa línea, enfatizó que, considerando “la cantidad y la magnitud del daño que se ha producido” por los incendios, se requerirá utilizar gran parte de esas líneas de emergencia, lo que implicaría que dichos fondos no estarían disponibles para financiar el reajuste, “cuestión con la que se contaba según la información que nosotros entendemos”.
A esta preocupación se sumó el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), desde donde insistieron en que las provisiones actualmente disponibles no serían suficientes para cubrir el reajuste del sector público.
De acuerdo al organismo, se requerirían recursos del orden de los US$822 millones, los cuales deberían obtenerse mediante reasignaciones presupuestarias o un mayor uso de las provisiones existentes, recogió Radio Biobío.
Desde el CFA, su presidente Jorge Benavides también abordó el tema de las asignaciones presupuestarias, señalando que estas deben cubrir gastos aleatorios comprometidos en leyes permanentes, incluyendo las cotizaciones previsionales asociadas a los recursos de libre disponibilidad derivados de la reciente reforma de pensiones.