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Corte de Apelaciones rechaza desafuero de Claudio Orrego de forma unánime en caso ProCultura

Corte de Apelaciones rechaza desafuero de Claudio Orrego de forma unánime en caso ProCultura
Agencia UNO
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La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó unánimemente la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía de Antofagasta contra el gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, respaldado por 24 ministros. Orrego conserva su fuero y no podrá ser formalizado mientras esté en su cargo, lo que implica que la investigación por el caso ProCultura continúa sin poder imputarlo. Fiscalía buscaba formalizarlo por supuestos contratos irregulares con la fundación ProCultura que habrían causado un perjuicio fiscal millonario, mientras que Orrego asegura que los fondos no rendidos serán recuperados a través de seguros.
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La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó, de forma unánime, la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía de Antofagasta en contra del gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego.

Finalmente, 24 ministros votaron a favor de la postura del tribunal, consigna ADN.

Con los resultados del tribunal, Orrego mantiene su calidad de autoridad electa y no podrán formalizarlo mientras conserve su fuero. 

Es decir, esta medida implica que la investigación relacionada con el caso ProCultura, una arista del “caso Fundaciones“, seguirá su curso, pero sin la posibilidad de imputar formalmente a Orrego mientras permanezca en su cargo.

Corte de Apelaciones rechaza desafuero de Claudio Orrego

Es importante destacar que la Fiscalía había solicitado retirar el fuero al gobernador para poder formalizarlo por su posible responsabilidad en la firma de convenios con la fundación ProCultura, entidad a la que se le transfirieron más de $1.600 millones para ejecutar el programa “Quédate”.

Según el Ministerio Público, los contratos se firmaron sin que la fundación tuviera la idoneidad ni la capacidad necesaria, lo que habría generado un millonario perjuicio fiscal, detalla el medio.

El gobernador, por su parte, insiste en que los recursos cuestionados, que suman más de $1.000 millones no rendidos, serán recuperados mediante el cobro de pólizas de seguro.

En un comunicado previo a la resolución, Orrego señaló que la solicitud de desafuero se basaba en “antecedentes falsos y erróneos”, criticando duramente el actuar del Ministerio Público durante la investigación.