La Corte de Apelaciones de Coyhaique ordenó el desafuero del diputado independiente Miguel Ángel Calisto, integrante de la bancada conformada por Demócratas, Amarillos e Independientes.
La decisión fue adoptada tras la solicitud presentada por la Fiscalía Regional de Aysén y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
El legislador enfrenta una investigación por presunto fraude al fisco, relacionada con el uso irregular de asignaciones parlamentarias.
La Fiscalía y el CDE lo acusan de desviar fondos públicos mediante contratos de asesorías sin respaldo documental válido.
La querella también incluyó a Carla Graf, Roland Cárcamo y Felipe Klein, por “haber incurrido en una serie de maniobras destinadas a desviar dineros públicos provenientes de asignaciones parlamentarias para fines no previstos en la ley de presupuestos de la nación”.
Según los antecedentes, Carla Graf habría firmado contratos con Calisto para apoyar su labor legislativa, sin acreditar cumplimiento efectivo. El CDE denunció que los pagos a Graf alcanzaron los $100 millones, sin informes válidos que respaldaran la prestación de los servicios.
El abogado asesor de la Fiscalía de Coyhaique, Miguel Riquelme, sostuvo que “solicitamos, de acuerdo al principio de objetividad, el desafuero del diputado Calisto porque estimamos que existen antecedentes suficientes para solicitarlo y se accedió a ello y nos parece que es la decisión adecuada al caso”.
Paulo Gómez, representante del CDE, declaró que “estamos conforme con la decisión de la Corte de Apelaciones porque nosotros intervenimos en esta solicitud de desafuero adhiriendo a ella, dado que somos querellantes en la investigación que lleva el Ministerio Público en relación con estos hechos”.
El fallo judicial no constituye una condena, pero habilita al Ministerio Público para formalizar cargos y avanzar en el proceso penal. La defensa del parlamentario dispone de cinco días para presentar un recurso ante la Corte Suprema.