VER RESUMEN
El último informe de la Dipres revela una preocupante disparidad entre el alto número de funcionarios públicos involucrados en el mal uso de licencias médicas y las pocas sanciones severas impuestas. Se destaca que 40.629 licencias presuntamente incumplidas involucran a 29.270 empleados públicos, de los cuales 23.745 siguen trabajando y 5.525 ya no lo hacen. Sin embargo, solo 262 funcionarios han sido destituidos, representando apenas el 1% del total de implicados. Las licencias médicas cuestionadas tienen una duración promedio de 22,1 días, generando un impacto económico estimado en $36.876 millones. Las causas detectadas incluyen salidas del país, desplazamientos regionales y asistencia a casinos, entre otros motivos. A pesar de la magnitud del problema, las destituciones siguen siendo escasas, mientras miles de procesos disciplinarios permanecen abiertos.
Un nuevo balance de la Dirección de Presupuestos (Dipres) volvió a encender las alertas por el mal uso de licencias médicas en el sector público.
Lo anterior, dejó en evidencia una marcada diferencia entre la cantidad de funcionarios involucrados y las sanciones más severas que finalmente se han aplicado.
Se trata del séptimo informe consolidado de procedimientos disciplinarios, elaborado en el marco de la Ley de Presupuestos 2026, el cual recopila antecedentes actualizados hasta el 31 de diciembre de 2025.
Según el reporte recogido por BioBioChile, las instituciones del Gobierno Central informaron 40.629 licencias médicas presuntamente incumplidas, situación que involucra a 29.270 funcionarios públicos, con datos remitidos por la Contraloría General de la República (CGR).
Licencias médicas: solo un 1% de los involucrados están destituidos
Del total de involucrados, 23.745 aún continúan desempeñándose en el servicio público, mientras que 5.525 ya no trabajan en la administración estatal. No obstante, incluso dentro de este último grupo, 2.947 personas siguen enfrentando sumarios administrativos, pese a haber dejado sus cargos.
En términos generales, existen 26.692 funcionarios cuyos casos deben ser investigados mediante procedimientos disciplinarios.
De ellos, 25.352 sumarios ya han sido instruidos, aunque la gran mayoría se mantiene en desarrollo: 21.098 continúan en curso y solo 4.254 llegaron a una resolución con pronunciamiento del jefe superior del servicio.
Es precisamente en estos procesos cerrados donde se refleja la mayor brecha entre el número de casos y las sanciones más drásticas.
De los 1.543 procedimientos que tienen resolución ejecutoriada, apenas 262 funcionarios están destituidos, cifra que representa cerca del 1% del total de involucrados en el mal uso de licencias médicas.
El resto de las causas concluidas terminó con sanciones menores o sin castigo. En detalle, 577 funcionarios están absueltos o sobreseídos, a 584 se les aplicó censura, 65 están suspendidos de sus funciones y 55 enfrentaron multas económicas.
A esto se suman otros 2.711 casos que ya tienen resolución, pero aún están pendientes de cierre definitivo o de la ejecución de las medidas disciplinarias, debido a impugnaciones u otras etapas del proceso.
Licencias médicas de más de tres semanas
El informe de Dipres también dimensiona el impacto económico de esta situación. Las licencias médicas cuestionadas tienen una duración promedio de 22,1 días y, considerando remuneraciones brutas cercanas a $1,9 millones mensuales, se estima que los funcionarios sometidos a sumarios recibieron cerca de $36.876 millones durante los periodos de ausencia.
Otro dato relevante es que 1.009 funcionarios optaron por renunciar antes de que se iniciara un procedimiento disciplinario en su contra, lo que redujo aún más el universo de posibles sanciones efectivas.
Respecto al origen de los involucrados, el reporte consigna que 4.061 funcionarios ingresaron al servicio público desde el 11 de marzo de 2022 en adelante, mientras que 23.667 corresponden a administraciones anteriores.
En cuanto a las principales causales detectadas por los informes CIC de la CGR, estas se relacionan mayoritariamente con salidas del país (33%), desplazamientos dentro de servicios regionales (35%) y asistencia a casinos de juegos (21%), entre otros motivos.
El balance vuelve a poner sobre la mesa que, pese al elevado número de funcionarios involucrados en el uso irregular de licencias médicas, las destituciones siguen siendo excepcionales, en medio de miles de procesos administrativos que aún permanecen abiertos.