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El fiscal de Antofagasta, Eduardo Ríos, anunció su renuncia al Ministerio Público en una carta al fiscal nacional, Ángel Valencia. Destacó su trabajo en el caso ProCultura, pero reveló conflictos internos y acusó a su superior de maltrato laboral. Ríos denunció secretismo y hostigamiento por parte de autoridades superiores, lo que complicó su gestión. El caso ProCultura, marcado por controversias y cambios de fiscales, se convirtió en un dolor de cabeza para la institución, culminando en la salida de Ríos en medio de un ambiente tenso y cargado de tensiones internas.
Con una carta dirigida al fiscal nacional Ángel Valencia, el fiscal de Antofagasta, Eduardo Ríos, concretó su salida del Ministerio Público y cerró un ciclo marcado por la polémica.
En el escrito, agradeció a la institución y destacó el trabajo realizado, especialmente en el denominado caso ProCultura, investigación que lideró hasta hace poco y que golpeó con fuerza al organismo persecutor.
El episodio más reciente que tensionó el escenario fue el rechazo a la solicitud de desafuero del gobernador metropolitano Claudio Orrego.
Este revés se sumó a otras decisiones judiciales adversas en la causa.
Sin embargo, tras los agradecimientos formales, la salida de Ríos arrastra un conflicto interno que se arrastra desde fines de 2025. En diciembre pasado, el fiscal denunció por maltrato laboral a su superior directo, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.
En la presentación, a la que accedió T13, Ríos expuso un duro relato: “Con todo lo ocurrido entre noviembre y diciembre de 2025, hoy concluyo que lo que viví y lo que vivió mi equipo no fue un problema aislado ni una simple diferencia de criterios, sino un patrón que, en los hechos, se parece demasiado a un proceso de mobbing”.
Además, describió ese ambiente como “una forma de hostigamiento que no siempre se expresa con insultos o gritos, sino con aislamiento, desautorización, secretismo y confusión inducida”.
Las declaraciones de Eduardo Ríos, fiscal del caso ProCultura que renunció
Las diferencias sobre cómo conducir el caso ProCultura marcaron el punto más crítico del quiebre.
En su denuncia ante la Fiscalía Nacional, Ríos afirmó que “en la segunda semana de diciembre de 2025 me entero de que, en noviembre, el DER y/o el Fiscal Regional le habrían pedido a la abogada asesora Natalia Cumming un informe del estado de Procultura, con instrucción expresa de mantenerlo en secreto, es decir, deliberadamente a mis espaldas”.
El persecutor añadió que esa profesional integraba un equipo bajo su jefatura y remató: “No tengo cómo interpretar eso de otra forma que como un control clandestino, una manera de obtener información ‘por fuera’ y medir o vigilar al equipo sin dar la cara, sin transparencia y sin respeto por la jefatura formal que yo ejercía”.
El caso ProCultura, que ya había generado controversias desde sus inicios, terminó por convertirse en un dolor de cabeza para el Ministerio Público.
Primero lo investigó el fiscal Carlos Palma, quien dejó la causa tras verse involucrado en el caso Hermosilla.
Luego asumió el fiscal Patricio Cooper, cuestionado por la interceptación telefónica a la exesposa de Alberto Larraín.
Finalmente, la indagatoria recaló en Antofagasta, donde enfrentó nuevos tropiezos: la justicia rechazó la prisión preventiva para Alberto Larraín y también negó el desafuero de Orrego.
En ese escenario complejo y cargado de tensiones internas, Eduardo Ríos optó por dar un paso al costado y cerrar su etapa en la institución.