Avanza proyecto de reajuste al sector público: ¿qué cambia con el “amarre” y cómo será el alza?
Este martes, el Gobierno ingresó al Congreso el proyecto de ley de reajuste al sector público.
Esta es una iniciativa que aborda el aumento de remuneraciones e incorpora una de las medidas que más debate ha generado: el llamado “amarre”, que apunta a regular con más exigencias ciertas desvinculaciones dentro del aparato estatal.
En términos simples, el proyecto plantea un reajuste total de 3,4%, pero parcelado, es decir, dividido en dos etapas, explica BioBioChile.
La primera corresponde a un 2,0% en diciembre de 2025, mientras que la segunda suma un 1,4% en junio de 2026.
La lógica detrás de este esquema es que el Estado no asuma todo el impacto en un solo momento, sino que lo distribuya en el tiempo.
Bonos y aguinaldos en proyecto de reajuste en el sector público
Además del reajuste, también se consideran bonos y aguinaldos, junto con cambios a diversos cuerpos legales.
Uno de los puntos que el Ejecutivo destaca es que, dentro de este acuerdo, se contempla un reajuste superior al 5% para remuneraciones mínimas y la entrega de bonos para trabajadores de menores ingresos.
El “amarre”: ¿qué significa y por qué genera polémica?
El corazón de la controversia está en la norma apodada “amarre”.
Lo que busca, en la práctica, es reducir la discrecionalidad en algunos despidos o no renovaciones, especialmente en el contexto de cambios de administración.
El proyecto sostiene: “Es el compromiso de distinguir de manera clara el personal que presta asesoría directa en gabinetes, de las y los funcionarios públicos que no son de designación política”.
Y agrega: “Respecto de los primeros, por primera vez un gobierno saliente adquiere un compromiso legal de que su personal asesor deba cesar en el cargo junto con las autoridades que lo designaron”.
En paralelo, plantea que para los funcionarios que no son de designación política se plasmen por ley criterios de “no discrecionalidad”, y se repone la posibilidad de reclamar ante Contraloría.
Así, si una persona considera injustificada su salida, podría recurrir a ese organismo para revisar la situación.
Otro elemento incluido es el resguardo a asociaciones: “Asimismo, el protocolo establece la inclusión de normas de resguardo de las asociaciones de funcionarios y sus dirigentes”, señala el documento.
