Incendio en Biobío: el riesgo catastrófico alertado un año antes que nadie logró frenar
El incendio que ha arrasado con más de 500 viviendas en la región del Biobío no tomó a todos por sorpresa. Al menos para algunos actores, el desastre ya había sido advertido con meses de anticipación. La existencia de cerca de 4 mil hectáreas con residuos forestales acumulados en el Gran Concepción fue calificada como un riesgo “catastrófico” por la Corporación Chilena de la Madera (Corma), que incluso proyectó la posible destrucción de hasta 30 mil viviendas si no se adoptaban medidas preventivas oportunas.
La alerta fue levantada formalmente en abril de 2025, durante una reunión con representantes de la Delegación Presidencial Regional del Biobío, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y diversas secretarías ministeriales. En esa instancia, la Corma solicitó autorización excepcional para realizar quemas controladas de residuos forestales durante los meses de invierno, período en que las condiciones climáticas reducen el riesgo de propagación del fuego.
La petición incluía terrenos ubicados en comunas como Hualqui, Tomé y Coronel, además de 800 hectáreas en Los Ángeles. Según una simulación presentada por la entidad, de no ejecutarse estas quemas, podían producirse incendios de gran magnitud con consecuencias devastadoras. “En la próxima temporada se podrían desarrollar catastróficas consecuencias en situaciones meteorológicas de verano debido a la alta carga de combustible”, advertía la presentación, detalló BioBioChile.
Sin embargo, la solicitud chocó con la normativa ambiental vigente. Los planes de prevención y descontaminación atmosférica (PPDA) del Concepción Metropolitano y de Los Ángeles prohíben el uso del fuego entre abril y septiembre, con el objetivo de mejorar la calidad del aire en zonas saturadas. A juicio de las autoridades, modificar esos planes no era una decisión sencilla.
El seremi de Medio Ambiente del Biobío, Pablo Pinto, explicó que el foco principal de estos instrumentos es la salud de la población. “Se necesita hacer estudios técnicos que podamos analizar bien de qué forma esto no afecte los objetivos que tiene el plan de descontaminación, pero que al mismo tiempo considere lo que las empresas están señalando, considerando también que hay alternativas a las quemas, como el chipeo”, sostuvo.
Desde la Corma, en tanto, insistieron en que el período autorizado para realizar quemas era insuficiente. En una carta enviada el 22 de abril al delegado presidencial Eduardo Pacheco, plantearon que “dicha ventana de tiempo es insuficiente para gestionar un combustible que puede alimentar incendios forestales, causando emergencias de alto impacto tanto para la vida de las personas, sus viviendas, la infraestructura y los bienes y servicios de los mismos ecosistemas forestales”.
El respaldo a la solicitud no vino solo desde el sector forestal. Bomberos de Chile también envió una carta a la Delegación Presidencial Regional del Biobío, advirtiendo que durante la temporada forestal las empresas fueron protagonistas del 32% de los incendios regionales. “Se pudo constatar en terreno una gran cantidad de biomasa presente en zonas rurales, debido a la cosecha y trabajos silvícolas efectuados en los años 2023 y 2024”, señalaron.
En el documento, Bomberos fueron enfáticos: “La gran cantidad de desechos forestales y agrícolas no reducidos pueden haber alimentado y propagado esos incendios”. En esa línea, propusieron reducir al mínimo la biomasa acumulada como parte de la etapa de mitigación y preparación frente a desastres.
La Red de Prevención Comunitaria, que trabaja con comunidades en zonas de interfaz urbano-rural, también respaldó el uso del denominado “fuego técnico”. “Desde nuestra experiencia, hemos observado el profesionalismo de las empresas forestales en la gestión del territorio y del combustible, como una estrategia efectiva para prevenir incendios forestales”, indicaron en una misiva.
Pese a los apoyos, la autorización nunca llegó. El delegado Eduardo Pacheco envió un oficio al subsecretario del Interior solicitando resolver una excepcionalidad a la normativa vigente, argumentando que existía “un riesgo grave e inminente de incendios forestales de alta magnitud”. A la fecha, el trámite sigue pendiente.
Tras la catástrofe, las responsabilidades se instalaron en el centro del debate. Pacheco recalcó que la gestión de los residuos forestales es obligación de las propias empresas. “La responsabilidad de gestionar y eliminar los residuos forestales en predios privados recae en las propias empresas forestales”, afirmó, agregando que si bien podían realizar quemas dentro del marco normativo, “no se realizaron en los volúmenes necesarios para evitar la acumulación sostenida de residuos”.
Desde la Corma, en tanto, reconocieron que no es posible afirmar que las quemas controladas hubieran evitado el desastre, ya que los incendios “responden a múltiples factores” como viento, temperatura y humedad. No obstante, insistieron en que sus solicitudes fueron realizadas de manera “formal y anticipada”, y que las restricciones legales impidieron avanzar en esa línea.
Hoy, con comunidades devastadas y un número de víctimas que enluta a la región, la discusión vuelve a instalarse con fuerza. Para muchos, el incendio no solo expuso la violencia del fuego, sino también las consecuencias de un riesgo advertido que quedó atrapado entre normas, oficios y decisiones que nunca llegaron a tiempo.
