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El 3° Juzgado de Garantía de Santiago modificó la medida cautelar de arresto domiciliario total a arresto domiciliario nocturno para el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en el caso Farmacias Populares. La Fiscalía evalúa apelar esta decisión, mientras continúa el proceso judicial donde enfrenta acusaciones por fraude al fisco, estafa, cohecho y delito concursal. Las penas solicitadas suman 18 años de presidio y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por al menos una década. Jadue cumplirá la nueva medida cautelar a la espera de definir la apelación de la Fiscalía.
El 3° Juzgado de Garantía de Santiago resolvió modificar la medida cautelar que pesa sobre el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), en el marco del denominado caso Farmacias Populares.
El tribunal sustituyó el arresto domiciliario total por arresto domiciliario nocturno, rebajando así la intensidad de la restricción que cumplía hasta ahora.
Según informó Meganoticias, la revisión se concretó en una audiencia donde la defensa solicitó el cambio de cautelar. Tras analizar los antecedentes, el tribunal optó por revocar la medida anterior y reemplazarla por una menos gravosa, permitiendo que Jadue permanezca en su domicilio solo durante la noche.
El exjefe comunal ya había enfrentado un periodo de privación de libertad más estricto. Permaneció tres meses recluido en el Anexo Capitán Yáber y, en septiembre de 2024, el tribunal le concedió el arresto domiciliario total, medida que ahora quedó parcialmente flexibilizada.
Fiscalía evaluará apelación por Jadue
Desde la Fiscalía Centro Norte reaccionaron con cautela ante la decisión judicial. El fiscal Marcelo Cabrera expresó el desacuerdo del Ministerio Público y señaló en un punto de prensa: “Vamos a estudiar la decisión en términos de si apelamos o no a esta resolución, pero eso lo decidiremos en los próximos días”.
En paralelo, el proceso judicial sigue avanzando. El Ministerio Público presentó acusación contra Jadue por cuatro delitos consumados: fraude al fisco en carácter reiterado, estafa, cohecho y delito concursal.
Por el fraude al fisco reiterado, la Fiscalía solicita 12 años de presidio mayor en su grado medio, una multa equivalente a 8.787 Unidades Tributarias Mensuales, correspondiente a la mitad del perjuicio causado, y la inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos.
En cuanto al delito de estafa, el ente persecutor pide tres años y un día de presidio, además de una multa de 21 UTM (1.460.382 pesos chilenos). Por el delito concursal, la pena requerida asciende a 541 días de presidio.
Finalmente, por cohecho, la Fiscalía solicita 820 días de reclusión menor, una multa de $19 millones y la inhabilitación por cinco años para ejercer cargos públicos.
En total, la suma de las penas solicitadas alcanza los 18 años de presidio, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos por al menos una década. Mientras tanto, el exalcalde enfrentará el avance del proceso bajo arresto domiciliario nocturno, a la espera de que la Fiscalía defina si apelará la resolución.