La historia del joven que pasó más de un año preso en Santiago por un robo que no cometió
El Segundo Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco a indemnizar a Bayron Kevin Flores Cabello (22) y a su madre, luego de concluir que el Ministerio Público actuó de manera injustificadamente errónea y arbitraria, lo que derivó en que el joven permaneciera privado de libertad por más de un año pese a no haber participado en los delitos imputados.
Según estableció la sentencia, Flores fue detenido en abril de 2018, y quedó en prisión preventiva durante un año y 22 días, tras ser formalizado por robo en lugar habitado y robo con intimidación.
Posteriormente, el tribunal dispuso arresto domiciliario parcial por casi cinco meses, extendiendo así el periodo de restricción de su libertad.
En ese contexto, el fallo puso especial énfasis en una de las principales falencias de la investigación: la Fiscalía utilizó un registro fotográfico desactualizado, correspondiente a una imagen del Registro Civil tomada seis años antes, cuando el joven tenía 16 años, pese a que al momento de los hechos ya era adulto.
Bajo esa lógica, el tribunal cuestionó la falta de rigurosidad en los estándares mínimos de reconocimiento de personas.
En lo resolutivo, la justicia ordenó el pago de más de $5 millones por concepto de lucro cesante y $30 millones por daño moral a Bayron Flores, mientras que su madre recibirá $20 millones por daño moral, además de reajustes e intereses legales.
Al respecto, el abogado Ramón Rojas, de Picand & Ríos Abogados, quien encabezó la demanda indemnizatoria en sede civil, explicó que este tipo de acciones resultan especialmente complejas, debido al alto estándar probatorio que exige la ley para acreditar la responsabilidad del Estado. No obstante, recalcó que en este caso se logró demostrar una negligencia grave por parte del Ministerio Público.
Asimismo, el jurista destacó que la sentencia resulta sólida y contundente, aunque precisó que impugnaron el monto del daño moral, al considerarlo insuficiente frente al tiempo que el joven estuvo privado de libertad en el recinto penitenciario Santiago 1.
En tanto, el exfiscal Rodrigo Ríos explicó que el tribunal civil cuestionó directamente que, durante la investigación, no se respetaran los protocolos mínimos de reconocimiento, subrayando que el uso de una fotografía no representativa resultó determinante para fundamentar la condena indemnizatoria.
Este caso contó además con el respaldo del proyecto “Inocentes” de la Defensoría Penal Pública, iniciativa que advierte que más de 39 mil personas inocentes han estado privadas de libertad en Chile durante la última década.
De este modo, la resolución fija un precedente poco habitual en la justicia civil, al atribuir responsabilidad patrimonial al Estado por el actuar investigativo y por el profundo impacto que este error tuvo en la vida del absuelto y su entorno familiar.
