¿Legítima defensa? Adulta mayor que mató a su hijo quedó con arresto domiciliario

Este jueves se llevó a cabo la audiencia de revisión de medidas cautelares en contra de una mujer de 82 años, imputada por el delito de parricidio.

En la jornada, el Juzgado de Garantía de Ovalle concedió la sustitución de la prisión preventiva y accedió a que la persona mantenga arresto domiciliario total, informó Diario El Día.

Tanto la Defensa como la Fiscalía de Ovalle solicitaron el cambio en la medida cautelar en atención a antecedentes sobre posibles hechos de violencia contra ella.

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Cabe recordar, que la mujer fue formalizada bajo el cargo de parricidio, luego de que fuera detenida el pasado jueves 16 por el asesinato de su hijo en una residencia de la Población Fray Jorge.

En la audiencia, la Fiscalía expuso una serie de antecedentes que ha ido recabando desde la formalización del pasado domingo.

Estos dan cuenta de episodios de violencia de género, violencia intrafamiliar, agresiones y amenazas por parte del hijo de la imputada, indicando además que es un “caso social grave”, que debe seguir siendo atendido.

El Fiscal Jefe de Ovalle, Carlos Jiménez, señaló que con los resultados de las indagatorias realizadas tras la formalización del pasado domingo, tuvieron en definitiva que “analizar estos antecedentes”.

A su vez, “establecer y determinar, sobre todo desde una perspectiva de género, que lamentablemente que quien está siendo imputada en esta causa, le había tocado vivir una serie de situaciones de violencia y que ella estaba sometida en definitiva a esta situación”.

El persecutor apuntó que esos factores, además de sus antecedentes médicos, su edad, y su situación personal que demuestra:

“Una situación de abandono, incluso familiar, nos llevó a establecer que en esta etapa, en la que seguimos realizando las diligencias para establecer de la manera más fehaciente posible cómo habrían ocurrido estos hechos que terminaron con el lamentable parricidio, (…), la medida cautelar que pudiese asegurar tanto los fines del procedimiento como la realidad de la imputada, en este momento sin duda sería la de arresto domiciliario total”.

Se indicó que la mujer en múltiples ocasiones habría pedido apoyo a diferentes instancias públicas y judiciales con muy pocos resultados, por lo que se sentía sobrepasada por la situación de cuidar a una persona con esquizofrenia y altamente violenta.

Grietas del sistema

Por su parte, el defensor Gerardo Tagle, advirtió que “el sistema no le respondió” y que la imputada pudo haber actuado en “eventual legítima defensa”.

“Lo señalado en la audiencia complementa la información entregada por esta defensa y que no consideró el tribunal desde una perspectiva de género, y que tampoco consideró el Ministerio Público a la luz de sus instructivos respecto de personas sobrevivientes de violencia de género”, expresó.

Además, planteó que “acá el sistema no le respondió a la señora. El Juzgado de Familia, ante delitos de amenaza o de maltrato, habitualmente manda los antecedentes al Ministerio Público, y en este caso no lo hizo”.

“Hay una necesidad de saber si es culpante o una eventual legítima defensa desde la perspectiva de género, y, por lo tanto, desde esa mirada, nos parece por ahora prudente atenuar el rigor cautelar que planteó la Fiscalía por el arresto domiciliario”, expuso Tagle.

Decisión

Finalmente, el magistrado Darío Díaz Peña y Lillo accedió a las solicitudes y destacó el “principio de objetividad” de la Fiscalía, luego de que las investigaciones posteriores a la formalización de cargos, revelaran los nuevos antecedentes puestos sobre la mesa.

“Yo creo que la perspectiva de género en este caso me parece que agrava la situación de la señora, pero me da la impresión que esto va más allá del tema de género. Esto afecta al grupo familiar y especialmente dada la situación de vulnerabilidad social y económica, y también en base a la edad de la señora”, apuntó el juez.

Así entonces falló ante las solicitudes enviando a la imputada a su residencia, pero esta vez a una diferente a donde ocurrieron los hechos de la población Fray Jorge.

La imputada podrá dejar su domicilio solo para atender sus controles de salud, en compañía de sus familiares.

La causa y la investigación por parricidio se mantienen en desarrollo y cuenta con 120 días de investigación.