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El Senado aprobó en general un proyecto que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad, generando controversia por permitir conmutar condenas, votando 23 a favor y 22 en contra. La propuesta busca humanizar la realidad de internos con edad avanzada o enfermedades graves, permitiendo la reclusión domiciliaria total en circunstancias acotadas. Sus detractores advierten sobre requisitos laxos y posibilidad de impunidad, especialmente para condenados por delitos graves como lesa humanidad o crímenes como homicidio. La senadora Claudia Pascual solicitó presentar indicaciones antes de votar, con fecha límite para el 16 de marzo, mientras que senadores como Yasna Provoste y Fidel Espinoza cuestionaron el proyecto por incumplir tratados internacionales y anunciaron oposición. El proyecto continúa su tramitación en el Senado, con un informe emitido por la Comisión de Derechos Humanos y posible avance a la Cámara para segundo trámite.
Tras tres sesiones de debate marcadas por cruces de argumentos, el Senado aprobó en general el proyecto que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad, una iniciativa impulsada por un grupo de senadores de derecha y que generó fuerte controversia porque podría permitir que condenados por causas de Derechos Humanos conmutaran sus condenas.
La votación se realizó este miércoles, luego de que el martes se solicitara aplazarla, y terminó definiéndose por un margen mínimo: 23 votos a favor y 22 en contra, informó BioBioChile.
Conmutación de penas: ¿De qué se trata el proyecto y qué propone?
El foco del texto está puesto en crear un marco legal para que, en situaciones específicas, el cumplimiento de una pena de cárcel pueda realizarse bajo una modalidad alternativa: reclusión domiciliaria total.
Quienes lo defienden sostienen que el objetivo es “humanizar” la realidad de algunos internos de edad avanzada o con enfermedades graves, recalcando que no se busca impunidad porque no se extinguen las penas ni se anulan las condenas, sino que se habilita un régimen para cumplir la sanción en casa, en circunstancias acotadas.
En cambio, sus detractores advierten que el proyecto tiene requisitos “laxos” y que eso dejaría “la puerta abierta a la impunidad”, sobre todo porque no distingue por tipo de delito, lo que abriría la posibilidad a condenados por delitos de lesa humanidad o delitos con pena de crimen como homicidio, parricidio o violación.
Contenido: qué dicen sus cuatro artículos
La iniciativa tiene cuatro artículos:
- Artículo 1: establece cinco principios que deben guiar el cumplimiento de la pena penal.
- Artículo 2: define la reclusión domiciliaria total como la sustitución del cumplimiento de la pena de cárcel por el encierro en el domicilio del condenado las 24 horas del día. Además, fija una regla clave: no se podrá establecer como domicilio el lugar donde actualmente resida la víctima del delito.
- Artículo 3: fija las hipótesis en que un tribunal puede decretar el cumplimiento alternativo en modalidad de reclusión domiciliaria total por el tiempo que reste de condena. Entre ellas:
- Interno enfermo, cuando la privación de libertad le impida recuperarse o tratar adecuadamente una enfermedad crónica.
- Quienes padezcan una enfermedad incurable en período terminal.
- Internos discapacitados, cuando la cárcel resulte inadecuada por su condición y eso implique un trato indigno, inhumano o cruel.
- Interno mayor que cumpla 80 años o más, calculado como la suma de su edad real más los años efectivamente privado de libertad, con edad mínima de 70 años.
¿Qué viene ahora en la tramitación?
Antes de votar, la senadora Claudia Pascual pidió abrir un plazo para presentar indicaciones, lo que se acogió: la fecha límite quedó fijada para el lunes 16 de marzo a las 12:00 horas.
Tras el resultado, la senadora Yasna Provoste anunció que hará reserva de constitucionalidad, argumentando que el proyecto incumple tratados internacionales suscritos por Chile. A esa propuesta se sumó el senador Fidel Espinoza, en una de las primeras señales de la futura oposición.
Por ahora, el proyecto continúa su tramitación en el Senado, con un primer informe ya emitido por la Comisión de Derechos Humanos. Si avanza, pasará a la Cámara a segundo trámite.