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El caso de las millonarias contrataciones por trato directo tras el megaincendio de 2024 generó polémica tras revelarse que la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso transfirió $6.725.655.566 a San Nicolás SpA, empresa sin maquinaria ni personal propio que subcontrató servicios con sobreprecios de hasta 557,89%. La Delegación justificó su elección en la rapidez de respuesta y experiencia previa de la empresa en emergencias. También se mencionan contratos con otras delegaciones presidenciales y la implicación de la Subsecretaría del Interior, liderada por Manuel Monsalve. Contraloría cuestionó la certificación de servicios y la fiscalización, desatando investigaciones y señalamientos de responsabilidad.
Una de las grandes interrogantes que dejó el caso de las millonarias contrataciones por trato directo tras el megaincendio de 2024 apunta a la elección de San Nicolás SpA por parte de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso.
La entidad transfirió $6.725.655.566 a la sociedad, creada en 2021 y cuyo dueño es un joven de 20 años.
Sin embargo, Contraloría comprobó que la firma no contaba con maquinaria ni personal propio, por lo que subcontrató de manera irregular todos los servicios, con sobreprecios que en algunos casos alcanzaron el 557,89%.
El organismo también advirtió que no se acreditaron correctamente los trabajos realizados y que en la dirección declarada por la empresa funcionaba un centro de estética.
Frente a estos cuestionamientos, la Delegación de Valparaíso explicó a Contraloría que optó por San Nicolás porque “fue la primera en atender las consultas de la Delegación, tanto en cuanto a su capacidad para abordar la envergadura del trabajo como al tiempo de respuesta requerida”.
Además, afirmó que la empresa era conocida por el nivel central, ya que había prestado servicios en emergencias anteriores, como las registradas en la Región del Biobío.
De hecho, el primer contrato estatal de la sociedad figura en la Delegación Presidencial del Biobío, liderada entonces por Daniela Dresdner (FA), que otorgó un trato directo por $205 millones.
En total, esa delegación suma cerca de $528 millones en contratos con la firma. También aparecen acuerdos con la Delegación de O’Higgins, encabezada por Fabio López (PPD), por más de $400 millones.
La administración regional que lideraba Sofía González insistió en sus descargos que tanto San Nicolás como Minera y Constructora Río Grande “figuran como hábiles en el sistema Mercado Público (…) Asimismo, destaca que ambas empresas han sido contratadas previamente por otras Delegaciones Presidenciales Regionales para atender situaciones de emergencia, con resultados satisfactorios”.
¿Responsabilidad de la Subsecretaría del Interior, que encabezaba Manuel Monsalve?
Junto con eso, deslindó responsabilidades hacia el nivel central y señaló que las compañías “fueron además recomendadas por la UGRE de la Subsecretaría del Interior”, recomendación que, según el informe, quedó respaldada en correos electrónicos.
La UGRE, Unidad de Gestión de Riesgos y Emergencias, depende de la Subsecretaría del Interior, que en ese entonces encabezaba Manuel Monsalve. Él dejó el cargo el 17 de octubre de 2024 y hoy enfrenta una investigación judicial, informó el medio Ex-Ante.
Según los informes de Contraloría, la Subsecretaría coordinaba a las delegaciones y visaba la entrega de recursos.
El documento precisa que, aunque la Delegación gestionaba y concretaba las compras, estas requerían la aprobación previa de Senapred y de la propia Subsecretaría.
Luego, el proceso de pago avanzaba con revisiones técnicas, la validación de Senapred y la visación final de la UGRE antes de transferir los fondos.
Por ejemplo, el 5 de septiembre de 2024 se registra un pago a San Nicolás por $465 millones.
El caso también abrió dudas sobre la fiscalización. Contraloría cuestionó que la certificación de los servicios quedara únicamente en manos del funcionario de Vialidad, Freddy Collao.
La Delegación respondió que, conforme a un oficio de 2022 de la Subsecretaría del Interior y a convenios con la Seremi de Obras Públicas de Valparaíso, entonces encabezada por Yanino Riquelme, “la certificación emitida por la Dirección de Vialidad constituye respaldo suficiente para acreditar la prestación efectiva de los servicios”.
Riquelme posteriormente recomendó la empresa a la Dirección de Arquitectura del MOP.
En paralelo, los documentos revelan que la Subsecretaría aprobó el 7 de marzo de 2024 una transferencia de $18.939.339.450 a la Dirección Nacional de Arquitectura. Lo anterior, para financiar demoliciones y retiro de escombros en el sector El Olivar de Viña del Mar, en medio de la emergencia.