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“Nos tiraron la puerta”: denuncian violento ingreso de Carabineros en desalojo de toma Santa Marta

“Nos tiraron la puerta”: denuncian violento ingreso de Carabineros en desalojo de toma Santa Marta
Agencia UNO
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Este lunes, en la toma Santa Marta de Maipú, se llevó a cabo un operativo de desalojo y demolición por parte de la policía y autoridades municipales, donde 102 familias ilegales fueron desalojadas. Se estima que 375 personas estaban involucradas en la ocupación. El 81% de los grupos familiares habría recibido beneficios sociales previamente, facilitando su salida pacífica. Al menos dos personas fueron detenidas por resistirse al desalojo. Además, se presentó una denuncia por presunta estafa contra una dirigente del campamento, Ruth Carolina Fuentes Hevia, acusada de cobrar hasta $100 mil por grupo familiar sin respaldo legal.
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Este lunes, en la toma Santa Marta de Maipú en la región Metropolitana, personal policial y municipal inició un amplio operativo de desalojo y demolición.

Cerca de las 6:30 horas, carros blindados y patrullas llegaron hasta el sector de Camino a Melipilla con Santa Marta, donde 102 familias permanecían instaladas de manera ilegal. En total, se estima que 375 personas formaban parte de la toma.

De acuerdo a antecedentes recogidos por T13, el 81% de los grupos familiares habría accedido previamente a algún tipo de beneficio social, lo que facilitó su salida pacífica del lugar.

Como resultado de la resistencia de algunas familias, al menos dos personas fueron detenidas en sus casas. Una de ellas relató: “No queríamos abrir y nos tiraron la puerta. No queríamos abrir, nada más“.

Denuncia por presunta estafa de dirigenta en toma Santa Marta

En paralelo al operativo, el pasado 21 de enero, la Municipalidad de Maipú presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra Ruth Carolina Fuentes Hevia, sindicada como presunta dirigenta del campamento.

Según lo expuesto por el municipio, la mujer habría cobrado hasta $100 mil por grupo familiar, prometiendo supuestos avances judiciales y soluciones habitacionales que no tendrían respaldo legal.

De acuerdo a los antecedentes, los pagos se habrían realizado en efectivo o mediante transferencias electrónicas, sin contrato ni comprobantes formales.