Pobladores de la megatoma de San Antonio anunciaron querella contra el Gobierno: acusan estafa
La disputa por el futuro de la megatoma del Cerro Centinela, en San Antonio, sumó un nuevo capítulo judicial que tensiona la relación entre organizaciones sociales y el Ejecutivo.
Esta vez, el conflicto se trasladó a tribunales, con una acción penal que apunta directamente a autoridades de Gobierno involucradas en el proceso de desalojo y redefinición territorial del sector.
¿Qué dijeron los pobladores de la megatoma de San Antonio?
De acuerdo a lo consignado por BioBioChile, el Movimiento de Pobladores Organizados ingresó una querella por estafa ante el Juzgado de Garantía de San Antonio.
En ese contexto, la agrupación apuntó contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, a la delegada del Minvu en la zona, Gloria Maira, y al delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme.
Sumado a esto, se detalló que la presentación se concretó en diciembre y, hasta ahora, se mantiene vigente.
Según el escrito, las autoridades habrían impulsado un acuerdo habitacional que la organización califica como injustificado y unilateral, además de atribuirles un rol de cómplices respecto de la Federación de Cooperativas vinculadas al proceso.
Desde el orgamismo sostienen que, durante meses, las conversaciones con el Estado apuntaban a garantizar un proyecto de vivienda que abarcara la totalidad de los terrenos ocupados.
Sin embargo, el escenario cambió cuando el gobierno del presidente Gabriel Boric presentó, en diciembre, un plan que redujo la superficie considerada a 100 hectáreas, iniciativa que comenzó a ejecutarse desde el 12 de enero.
Bajo esa lógica, los pobladores aseguran que el resultado final dista radicalmente de lo comprometido en las negociaciones previas.
“Las dirigentas estaban amenazadas”
Para el vocero del movimiento, Gustavo Sepúlveda, el proceso completo carece de legitimidad.
“El ánimo de esto es justamente evidencia que, todo este proceso, desde que al poco andar del protocolo de acuerdo hasta lo que fue el acto expropiatorio en diciembre de 2025, fue fraudulento, ilegítimo. Las dirigentas estaban amenazadas”, acusó.
Además, el recurso judicial plantea que existirían irregularidades estructurales desde el acuerdo inicial hasta el acto expropiatorio del 3 de diciembre de 2025, incluyendo presiones a dirigentes sociales y la ausencia de fundamentos claros de interés público que respalden la expropiación.
En ese marco, se solicitó al Ministerio Público abrir una investigación formal, citar a declarar a las autoridades involucradas y requerir antecedentes sobre la legalidad tanto de las cooperativas como del proceso expropiatorio.
Junto a lo anterior, el movimiento pidió una medida cautelar para frenar los desalojos, argumentando que las resoluciones judiciales se estarían ejecutando de manera parcial y fuera de norma.
Será ahora el Juzgado de Garantía de San Antonio el que deba pronunciarse, mientras el conflicto sigue desarrollándose en el sector de la megatoma de San Antonio.
