Por ley: DD.DD. en dictadura serán reconocidos como “personas ausentes por desaparición forzada”
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, en su tercer trámite legislativo, el proyecto que crea la figura jurídica de “Persona ausente por desaparición forzada”, destinada a víctimas detenidas desaparecidas (DD.DD.) de la dictadura militar.
La iniciativa obtuvo 89 votos a favor, 28 en contra y 4 abstenciones, y quedó lista para su promulgación por el Ejecutivo, informó BioBioChile.
La nueva ley reconoce oficialmente que el Estado de Chile admite la privación de libertad de personas por parte de agentes estatales o grupos autorizados por estos, seguida del ocultamiento o negación de su paradero entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
La moción fue impulsada por la diputada Lorena Pizarro, junto a María Candelaria Acevedo, Nathalie Castillo, Carmen Hertz, Tomás Hirsch, Camila Musante, Jaime Naranjo, Emilia Nuyado, Alberto Undurraga y Ericka Ñanco.
La norma se enmarca dentro del Plan Nacional de Búsqueda y busca entregar una reparación simbólica a las familias de las víctimas.
¿Cómo funcionará la ley?
El Registro Civil será el encargado de administrar un nuevo registro que identificará a las personas reconocidas bajo esta calificación. Para esto, otorgará un certificado que acredita su condición de “ausentes por desaparición forzada”.
El listado incorporará a quienes figuren en informes oficiales de violaciones a los derechos humanos, como los de la Comisión de Verdad y Reconciliación, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.
También se considerarán los antecedentes de otras comisiones creadas por ley, que documentaron casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.
Cada registro incluirá datos como el nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento y edad aproximada de la persona al momento de su desaparición, además de las circunstancias de su detención o secuestro.
La iniciativa había sido aprobada inicialmente en diciembre de 2024, pero el Senado realizó ajustes, eliminando las facultades de la Subsecretaría de Derechos Humanos para agregar casos. La Cámara ratificó esos cambios y despachó el proyecto a ley.
