Revelan cómo gestión de Cathy Barriga habría desviado dinero destinado a vecinos de Maipú
La acusación que enfrenta Cathy Barriga sigue sumando nuevos antecedentes, luego de que la imputaran por diversos ilícitos vinculados a su gestión como alcaldesa de Maipú.
Recordemos que la exchica Mekano se declaró “inocente”, después que la Fiscalía Metropolitana Oriente presentara una denuncia formal en su contra, arriesgando una pena que supera los 23 años de cárcel.
El escrito, de cerca de 2 mil páginas y analizado por Bío Bío Investiga, describe una serie de maniobras que, según el Ministerio Público, habrían provocado un perjuicio fiscal de al menos $32.884 millones durante su gestión como jefa comunal, cargo al que llegó con respaldo de la UDI.
¿Qué dice el informe?
Uno de los ejes centrales de la acusación apunta a la alteración del presupuesto de dicha comuna.
De acuerdo con la fiscalía, la administración de Barriga entregó información falsa al Concejo Municipal, órgano encargado de fiscalizar el uso de los recursos.
Este mecanismo habría tenido dos objetivos principales: redirigir fondos y financiar programas sociales y eventos de alto costo que no contaban con respaldo presupuestario.
En paralelo, la investigación sostiene que se ocultaron más de $13 mil millones en deudas con proveedores, las que no aparecían reflejadas en la contabilidad oficial, específicamente en la cuenta denominada “Acreedores”.
A ello se suma que, en diciembre de 2019, se habrían eliminado gastos por $6.801 millones con el fin de mostrar un escenario financiero favorable.
La gravedad de esta situación quedó reflejada en un informe de la Contraloría General de la República, emitido el 30 de junio de 2021, donde se estimó que el municipio mantenía un déficit presupuestario de al menos $30.739 millones.
La acusación reveló que el desorden financiero no solo afectó cifras internas, sino que tuvo consecuencias concretas para los vecinos.
Los recursos comprometidos estaban destinados a servicios básicos, como recolección de basura, alumbrado público, mantención de áreas verdes y obras urbanas.
Entre los proveedores perjudicados figura Veolia Su Chile S.A., empresa encargada de la basura en Maipú, con una deuda que alcanzó los $2.399 millones.
También aparecen Ingeniería y Construcción Santa Sofía Ltda., Salcobrand S.A., GMPG Ingeniería y Construcción Ltda., Citelum Chile S.P.A., Constructora Mavasa S.A. y Construcciones y Servicios Siglo Verde S.A.
Otra arista relevante involucra a la Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipú (CODEDUC), entidad que administra recursos de los Fondos de Apoyo a la Educación Pública (FAEP).
La millonaria deuda de la municipalidad de Maipú
Durante la gestión de Barriga, la corporación tenía a su cargo 26 colegios y 26 jardines infantiles.
La fiscalía sostiene que parte de esos fondos fueron utilizados para fines ajenos a la educación pública. En concreto, se habrían gastado $144 millones en kits de útiles escolares que terminaron en establecimientos privados, pese a que los FAEP están destinados exclusivamente a educación municipal. Para encubrir estos gastos, se habrían emitido facturas ideológicamente falsas, alterando la descripción de los productos.
El escrito señaló además que la gestión municipal compró 15 mil pares de peluches con recursos estatales y, según la investigación, los destinó a fines de publicidad y promoción personal de la exalcaldesa.
Este ítem representó un gasto total de $54,9 millones, pese a que la Contraloría ya había objetado anteriormente este tipo de desembolsos.
La acusación además vincula el uso de fondos municipales al proyecto “Fuerza de Mujer”, iniciativa personal de Barriga que inicialmente figuraba a nombre de terceros y luego fue traspasada a su nombre.
Con estos recursos públicos se habrían financiado eventos, contratación de animadores, como Mariela Sotomayor, charlas y mobiliario, con un desembolso total estimado en $125,3 millones.
Contrataciones y desvíos
A esto se suma un caso calificado como especialmente irregular: la contratación de Andrea Verónica Fuentes Pérez, quien habría sido incorporada formalmente para labores de aseo y mantención, pero que en la práctica cuidaba de manera exclusiva a uno de los hijos de la exalcaldesa.
Esta simulación contractual habría generado un perjuicio de $9,7 millones.
La Fiscalía acusa además que la administración utilizó a la empresa LEGALCORP para monitorear causas judiciales personales de Cathy Barriga y de su marido, Joaquín Lavín Jr., relacionadas con deudas de campaña y no con asuntos municipales.
Asimismo, se imputan incumplimientos graves al plan de inversiones del SMAPA, fiscalizado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).
Según el expediente, el municipio dejó sin ejecutar el 98,3 % de las inversiones comprometidas, equivalentes a $16.969 millones, afectando directamente el suministro de agua potable.
Para encubrir este escenario, la acusación sostiene que se recurrió a la falsificación de instrumentos públicos, entregando información errónea tanto en cuentas públicas como a la Contraloría.
En la cuenta pública de 2020, por ejemplo, se habrían ocultado pasivos por $20.756 millones y un déficit real de $21.875 millones.
¿Cuántos años de cárcel arriesga Cathy Barriga?
Cabe señalar que el Ministerio Público solicitó una condena para Cathy Barriga de 10 años y 1 día por fraude al fisco; 7 años por falsificación de instrumento público; 5 años y 1 día por malversación reiterada; y 541 días por negociación incompatible, además de multas e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
En ese contexto, el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago fijó de manera preliminar la audiencia de preparación de juicio oral para el próximo 3 de febrero, instancia clave para el futuro judicial de la exalcaldesa.
