Revelan los altos precios que cobraban funcionarios de Gendarmería para entrar productos a la cárcel
Una investigación de largo aliento permitió a la Fiscalía Metropolitana Occidente destapar una compleja red de corrupción que operaba al interior de Gendarmería, luego de allanamientos simultáneos realizados durante la madrugada del martes en siete regiones del país.
El procedimiento dejó 60 personas detenidas, entre ellas 44 funcionarios penitenciarios, evidenciando la magnitud del fenómeno.
El impacto del caso, conocido como Operación Apocalipsis, fue tal que el presidente Gabriel Boric anunció una reforma constitucional orientada a modificar la estructura de la institución, separando las labores de seguridad del trabajo de reinserción social.
“Con esta reforma, Gendarmería pasará a ser una institución de seguridad pública dependiente del Ministerio de Seguridad Pública. Las competencias de reinserción quedarán alojadas en el Ministerio de Justicia”, explicó el mandatario.
¿Cuánto cobraba un funcionario de Gendarmería para ingresar productos a la cárcel?
Parte de este entramado quedó al descubierto en un reportaje emitido por Teletrece Central, donde el periodista Alfonso Concha detalló el funcionamiento de un grupo clave dentro de la red: los denominados “manilleros”.
Según la investigación, se trataba de civiles que operaban en el exterior de los recintos penitenciarios, encargados de recibir pedidos directos de los internos.
Las solicitudes podían incluir alimentos, artículos tecnológicos e incluso drogas, los que luego eran ingresados para su venta dentro de las cárceles.
La estructura incluía a un coordinador, conocido como “jefe de manillas”, quien distribuía las tareas entre los distintos cómplices.
Cada uno de ellos podía visitar cientos de internos, lo que permitía un flujo constante de mercancía ilegal.
De acuerdo con los antecedentes recabados, un solo manillero podía llegar a tener contacto con cerca de 285 reos.
Para que el sistema funcionara sin obstáculos, algunos gendarmes recibían pagos directos, permitiendo el ingreso irregular de los productos.
Esta práctica quedó en evidencia a través de interceptaciones telefónicas, donde se escucha a integrantes de la red comentar los montos exigidos por funcionarios para dejarlas ingresar a los penales.
En una de esas conversaciones, dos mujeres vinculadas al sistema relataron que los precios habían aumentado de forma considerable.
Una de ellas comentó que, mientras intentaba ingresar al penal Santiago 1, un funcionario le exigió $250 mil pesos solo para autorizar el acceso.
En el intercambio, ambas coinciden en que el alza provocó tensiones dentro del grupo, ya que muchos ‘manilleros’ dejaron de recibir ganancias debido a las nuevas exigencias.
Aun así, reconocieron que, pese al elevado costo, algunos continuaban pagando para no perder el negocio.
